Publicado originalmente en Semanario Universidad
En el país vivimos una extraña mezcla de inercia y miedo al cambio que nos lleva a situaciones complicadas de desenredar. La lotería es una de ellas. Le permitimos al Estado sostener un monopolio en este juego de azar bajo la excusa de que así se puede financiar obras de bien social, proteger al consumidor y mejorar la seguridad pública. Pero rara vez la analizamos con el mismo estándar moral que aplicamos a otras actividades económicas.
El engaño de las probabilidades imposibles
Usando el famoso “Gordo Navideño” como ejemplo, podemos ver que juega con probabilidades de 1 a 100.000. Es decir, una persona tiene 0,001% de ganar el premio mayor por cada tiquete que compra. Esas probabilidades son las mismas de que nazca un animal con policefalia, es decir, con dos cabezas; o de darle al centro a una diana lanzando dardos con los ojos vendados. Es 6,5 veces más probable que le caiga un rayo a uno en su vida, que ganar ese premio.
El Estado sabe de estas estadísticas, pero su publicidad las ignora. En su lugar, enfoca su mercadeo en la ayuda social de las ventas y en historias emotivas de ganadores. Esta es precisamente la heurística de disponibilidad en acción: nuestro cerebro recuerda vívidamente los casos excepcionales de ganadores —en televisión, en vallas publicitarias, en las noticias, detrás de un bus— y sobrestima dramáticamente la probabilidad de que nos toque a nosotros. La Junta de Protección Social (JPS) no solo conoce este sesgo cognitivo, para lograr su cometido tiene que explotarlo sistemáticamente para vender una esperanza matemáticamente infundada.
Un retorno de 20.000 veces es altamente atractivo para una inversión de ₡2.000 por tiquete. El problema es que ese retorno astronómico viene con probabilidades igualmente astronómicas de nunca materializarse. Esto ya es suficiente para dudar de la moralidad de que el Estado se meta en esto.
Las víctimas predecibles del sistema
Pero hay más. La evidencia internacional muestra consistentemente que la lotería afecta desproporcionadamente a las personas de más bajos recursos, siendo ellos quienes más frecuentemente compran y gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en tiquetes que las personas más adineradas. No hay razón para pensar que Costa Rica sea diferente.
Sumado a esto, el juego patológico es un problema real que afecta la vida de las personas. Los juegos de azar típicamente dependen de un pequeño grupo de jugadores excesivos que, además, coinciden con el perfil socioeconómico descrito anteriormente. A sabiendas de esto, el Estado explota a esos jugadores para, según ellos, un fin benéfico de apoyo social. Es por eso que a este tipo de situaciones se les describe como “impuestos regresivos”: extraen recursos de quienes menos tienen, disfrazados de entretenimiento voluntario.
Lo que vuelve esto particularmente incómodo es el rol que asume el Estado dentro de esta estructura: regula el juego, lo promueve activamente y, al mismo tiempo, depende financieramente de su expansión. Cuando el presupuesto social depende de la venta de tiquetes, el incentivo no es reducir su consumo, sino sostenerlo o aumentarlo. Ese conflicto no es circunstancial, se da por diseño.
El monopolio que crea su propio mercado negro
Al eliminar la competencia, bajo el argumento de proteger al consumidor, también se elimina cualquier señal sobre qué tan buenas o malas condiciones brinda la JPS. Irónicamente, la única señal disponible es ilegal: se estima que en la lotería ilegal se mueven hasta ₡100 mil millones al año. Es gente buscando mejores probabilidades, pagos más rápidos, o simplemente más accesibilidad.
Casos como la Operación Tómbola muestran que esto no solo genera actividad ilegal, sino lavado de dinero y todo lo que se deriva de ello. El Estado, en su intento por “protegernos”, termina creando precisamente los problemas de seguridad que supuestamente quería prevenir.
Hacer bien lo que no debería hacerse
No es necesario discutir qué tan eficientemente opera la Junta de Protección Social. Cuánta tecnología o seguridad implementen es irrelevante. Este es un caso típico de hacer bien algo que no debería hacerse del todo.
Si hoy diseñáramos desde cero un sistema para financiar hospitales y programas sociales, ¿elegiríamos uno que depende estructuralmente de que una mayoría pierda dinero en un juego de probabilidades imposibles? Si una empresa privada construyera su modelo de negocio alrededor de que personas vulnerables compren repetidamente un producto con retorno esperado negativo, exigiríamos regulación estricta. Cuando es el Estado quien lo hace, le llamamos tradición.
La ayuda social es fundamental en un Estado. Pero la coherencia en la forma de financiarla también lo es. Es momento de abandonar la inercia que tanto daño nos causa y pensar en qué tipo de Estado queremos.
Walter Montes 