A usted le pueden negar un crédito por una mancha vieja, le pueden cobrar más caro un seguro sin explicarle por qué, le puede llegar publicidad a lugares donde nunca dio sus datos, o una institución puede negarse a darle información que es suya. Eso pasa todo el tiempo. Y normalmente se asume que así funciona.
El problema es que detrás de todo eso hay algo más simple: alguien está tomando decisiones sobre usted usando información que usted no controla. Pero en Costa Rica existe un derecho para protegernos de eso, aunque pocas personas tan siquiera lo conocen: la autodeterminación informativa.
En términos prácticos, significa poder saber qué datos tienen sobre usted, para qué los usan, de dónde salieron, y en muchos casos corregirlos o pedir que se eliminen. No cambia el hecho de que los datos se usen, pero sí nos permite tener cierto control sobre ellos.
Esto importa porque los datos no son neutrales. Un dato mal registrado no es solo un error, es una decisión mal tomada esperando a pasar. Un dato viejo que nunca se actualizó sigue afectando como si fuera actual. Y un sistema que usted no puede ver termina definiendo resultados que sí le afectan.
Nada de eso se corrige solo. Pero tampoco es cierto que no hay forma de hacer algo al respecto. Tenemos herramientas a través de la PRODHAB para pedir acceso o corrección a la entidad (pública o privada) que tiene la información.
Si no responden o no cumplen, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes entra en juego. Y si el problema escala, puede proceder con un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica. No es inmediato ni perfecto, pero es un mecanismo real.
De hecho, buena parte de los límites que existen hoy no vienen de cómo funcionan los sistemas, sino de intervenciones de la Sala IV. En materia crediticia, por ejemplo, se han establecido límites para evitar que información vieja siga afectando indefinidamente, con referencias alrededor de los cuatro años en muchos casos.
La mayoría de las personas no ejerce este derecho no porque no funcione, sino porque no sabe que lo tiene. Y eso hace que los datos terminen operando como una versión incuestionada de la realidad, aunque estén incompletos, desactualizados o mal.
Difícilmente en estos temas podremos tener control absoluto, pero sí podemos exigir lo que la ley regula. Porque perdemos autonomía si no reconocemos nuestro control sobre nuestra información.
Walter Montes 