Publicado originalmente en Primera Línea.
Cuando los ciudadanos escuchamos hablar de Crucitas, parece que presenciamos un duelo entre “minería sí” y “minería no”. Cada actor político defiende su opción y descalifica la del otro; y eso puede estar justificado si asumimos (como, a mi parecer, deberíamos) la buena fe de todas las partes y una urgencia compartida por resolver este tema y el enorme daño que sufren las comunidades ante la situación actual.
Si usted quiere más contexto sobre las cifras clave de Crucitas, puede consultar este enlace, donde ordenamos y reunimos los principales indicadores para facilitar su comprensión. No voy a repetir lo que muchos artículos ya han explicado sobre la magnitud del problema.
Mi propósito con este artículo no es defender o descartar alguna opción. Es proponer una base analítica común, algo que, a mi parecer, el debate público ha ignorado por demasiado tiempo. Se trata de un análisis de segundo nivel para estructurar las restricciones que toda solución debe cumplir para llevarse a cabo y que permita comparar manzanas con manzanas. Es decir, me propongo estructurar el problema, no resolverlo.
Espero que esta labor espero nos permita partir de una línea base común. Pasar de hablar japonés, inglés y francés, a conversar todos en castellano sobre el mismo tema. Así podremos, primero, entender qué opciones son tan siquiera viables (examinar sus condiciones de factibilidad y sus restricciones) y, posteriormente, comparar de manera más objetiva los méritos de cada solución con respecto a las demás. (sus beneficios esperados).
Las restricciones (el piso y las paredes)
Al mapear el problema desde los cuatro planos que lo componen (legal, económico, empresarial y social) aparecen dos tipos distintos de restricciones: el primero es una especie de base común de la que todos parten y que nadie puede ignorar; el segundo consiste en una serie de paredes que delimitan el rumbo de las propuestas.
Ignorar estas restricciones nos llevaría a gastar energía en propuestas inviables.
La primera es que el Estado no controla el territorio. Estructuralmente, carecemos de capacidad coercitiva en una zona cuya geografía nos obliga a gastar recursos y replegarnos sin resultados tangibles. Recordemos que no partimos de una página en blanco, partimos de un territorio ya dañado y ocupado.
Las otras dos son direccionales, es decir, restringen la propuesta según el punto del eje hacia el que se incline. Funcionan como paredes que delimitan y encauzan las distintas alternativas:
- Exposición jurídico-ambiental: llevar la situación actual (por mala que sea) hacia un modelo extractivo choca con el principio de no regresividad, que obliga a quien quiera abrir esa posibilidad a demostrar que existe una protección equivalente. Esto no es un obstáculo menor, aunque se apruebe en el Congreso, la Sala Constitucional podría invalidar el acuerdo legislativo.
- Capacidad institucional (o de ejecución) no demostrada: apoyar una propuesta en instituciones o modelos (empresas, mercados, etc) que nunca han funcionado tiene su propio costo tangible.
Nota: Por supuesto, no podemos ignorar la viabilidad política de cada alternativa, es decir, quién cuenta con más votos en un momento determinado. Pero esa es una circunstancia coyuntural, y tratarla como un límite permanente haría que este trabajo perdiera vigencia… por eso la dejo por fuera.
Los beneficios
Una vez reconocida la primera parte del esquema, podemos avanzar a comparar los beneficios de cada propuesta con criterios comunes (direccionalmente, también). Las restricciones anteriores nos demuestran que “no todo es posible”, como si las propuestas existieran en el vacío. Estamos en un corredor angosto, con un piso difícil de escalar.
Para ordenar los beneficios, me enfoco en cuatro factores que aparecen en todos los proyectos de ley: renta fiscal, limpieza de la zona, capacidad para desplazar al crimen y empleo local. Por supuesto, podrían definirse otras dimensiones; ese es precisamente el valor del esquema: poder ajustarlo sin alterar la dinámica ni las reglas de comparación que establece.
De esta manera, me apoyé en la inteligencia artificial para crear una herramienta interactiva que lleve a la práctica este marco de análisis con los principales proyectos actuales, conforme a mi interpretación de cada uno:
Ver herramienta en Primera Línea
Hay dos hallazgos importantes de este trabajo. El primero es que no existe una opción que domine claramente las diversas dimensiones. Asimismo, encontramos una dinámica que a mi parecer es clave: que las que proponen mayores beneficios se encuentran detrás de las restricciones establecidas previamente. De hecho, ninguna logra resolver la principal restricción, el piso sobre el que cualquier propuesta debe fundamentarse: el control territorial.
El fin de este trabajo no es tomar partido. Es examinar las condiciones de lo posible antes de recetar; por esto, lejos de ser una evasión, planteo lo que suele ser la primera tarea de un análisis serio de este tipo para separar un diagnóstico real de consignas a favor o en contra.
Fingir que las restricciones no existen le hace daño al debate serio que merecen los costarricenses.
Como ya pudo inferir, la matriz es ordinal: no constituye una medición exacta. Cada casilla se basa en la evidencia disponible, no en cifras precisas. Asimismo, tanto los límites: el piso y las paredes, como los beneficios cambian con la jurisprudencia, por lo que esta versión del trabajo está sujeta a la situación vigente a mediados de 2026.
La idea es establecer la base sobre la que debe sostenerse la decisión final: que cada grupo político pueda evaluar y mejorar su propuesta según un marco común, y que no insista en opciones inviables que retrasen aún más la solución que el país necesita.
Walter Montes 